La Comisión de Servicios Jurídicos del Reino Unido (LSC) ha reclamado el 50 por ciento de los costes de su trabajo en concepto de “contribuciones a la comunidad” a los activistas que han solicitado asistencia jurídica para presentar demandas de revisión judicial contra el cierre de bibliotecas públicas en el Reino Unido.

 

LSC Legal Services Commission es una agencia pública que trabaja a través de una red de abogados que cada año ofrece a unas dos millones de personas asesoramiento jurídico, información y ayuda.

 

Según informa The Bookseller.com, los activistas de Isla de Wight fueron advertidos de que necesitaban recaudar 15.000 libras esterlinas (unos 17.000 euros) para presentar la reclamación contra el cierre de la biblioteca local.

 

Los de Brent están tratando de recaudar 30.000 libras. Los abogados que actúan en los casos de Gloucestershire y Somerset han dicho que están tratando de acordar un “nivel adecuado de contibución”.

 

 

 

 

Un portavoz de la LSC afirmó que era bastante común pedir una contribución en casos así porque si bien la acción puede ser asumida por un solo defensor, puede resultar beneficiada toda la comunidad.

 

Un residente de Lewisham explicó que para ellos no era realista recaudar el dinero porque el cierre estaba previsto para el sábado y aunque a ellos no les pidieron una suma en concreto “aquí cuesta incluso poner una reclamación y New Cross no es una zona rica”.

 

En la Isla de Wight un residente dijo que estaban tratando de evitar contribuir con las 15.000 libras pero LSC les dijo que la isla es una zona de ricos “y eso no es verdad –aclaró–. Tenemos mucho desempleo, y en los lugares donde están las cinco bibliotecas que han cerrado, el 75 por ciento de la población son niños, pensionistas y personas que reciben ayudas”.

 

El procurador Daniel Carey, de Public Interest Lawyers, dijo que LSC ha adoptado una línea dura que también supone problemas. “El razonamiento de LSC es que un número considerable de residentes se beneficiarán del caso, de modo que ellos deberían contribuir con sus propios fondos. Lógicamente cuando esa gente ya paga tasas para tener asistencia jurídica y cuando los casos en sí mismos son iniciativas comunitarias, es algo difícil de tragar”. Por último expresó que se convierte en un problema todavía mayor “si el nivel de contribución que pretende LSC hace que el caso sea imposible de ejecutar”.

 

Desde otra perspectiva, llama la atención el hecho de que ciudadanos que son contribuyentes a través de tributos sean requeridos para sostener los servicios bibliotecarios, a diferencia de lo que ocurre con muchos otros servicios públicos municipales. A este primer hecho se une la decisión de la LSC de solicitar una cofinanciación de sus servicios jurídicos, medida que esta vez proviene de la Administración nacional y que platea más obstáculos en la carrera por la defensa de la financiación pública de las bibliotecas.

 

En definitiva, se aprecia la concurrencia de dos peticiones de cofinanciación de servicios públicos por parte de los ciudadanos: